Resulta más que dudoso que la cruzada emprendida por el Gobierno de Lakua contra la exposición de fotos de presos políticos vascos en los espacios públicos tenga el preceptivo soporte legal. De hecho, los autos, sentencias y jurisprudencia existente al respecto se inclinan abiertamente por establecer que portar retratos de «personas vinculadas a la organización terrorista ETA» «no constituye enaltecimiento del terrorismo que sanciona el artículo 578 del Código Penal». No existiendo en los tribunales españoles ninguna condena que dicte lo contrario, todo invita a pensar que la actuación del Departamento de Interior está guiada por consideraciones de persecución política e incluso cabría hablar de cuestiones personales lindantes con el abuso de autoridad y cierta fijación vengativa.
Más información http://www.gara.net/paperezkoa/20090722/148389/es
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